Un expediente que no aparece ante el SAT puede costar hasta $234 mil: el riesgo documental de las salas de venta
La LFPIORPI obliga a desarrolladoras inmobiliarias a identificar a sus clientes y conservar durante al menos 10 años la documentación de sus operaciones; Neivor ofrece la solución para tener expedientes digitales y evitar multas Contratos guardados en una sucursal, identificaciones en el correo de un asesor o expedientes que dejaron de estar disponibles después de una rotación de personal ya no son solamente un problema operativo. Para las desarrolladoras inmobiliarias pueden convertirse en un riesgo regulatorio cuando el SAT solicita la documentación que respalda una operación. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —LFPIORPI— considera actividad vulnerable la realización habitual o profesional de actividades de construcción o desarrollo de inmuebles y la intermediación en operaciones de compraventa. También contempla, mediante la fracción V Bis del artículo 17, la recepción de recursos destinados […]
