FOCUS GROUP/ Cuitláhuac y la Crisis que Viene

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Jorge Ramón Rizzo*

La seguridad energética de México se encuentra en un punto de extrema tensión. Las recientes alertas operacionales del Cenagas y las posteriores declaraciones de su director, el veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, han puesto en evidencia la fragilidad de la matriz energética mexicana.

Aunque el discurso oficial se apresuró a apagar las alarmas de desabasto, la realidad técnica, económica y política, revela un país que camina sobre la cuerda floja debido a su dependencia absoluta del exterior para alimentar su aparato industrial y eléctrico.

El debate actual se detonó tras una notificación de las empresas operadoras de infraestructura en Estados Unidos, las cuales informaron a México sobre una reducción del 20% en el envío de gas natural debido a contingencias técnicas en sus sistemas. Ante la inminencia de la contingencia, la primera reacción del titular de Cenagas, Cuitláhuac García, fue de una inusual franqueza, admitiendo públicamente que México cuenta con reservas equivalentes a apenas tres días de consumo ante un corte total del suministro exterior.

Sin embargo, en cuestión de horas, el control de daños político surtió efecto. Tras una reunión en Palacio Nacional, el exgobernador de Veracruz matizó drásticamente su postura ante los medios de comunicación, afirmando que no existía riesgo alguno de crisis ni desabasto, asegurando que Pemex había incrementado de inmediato su producción interna para compensar la caída. Este drástico cambio de narrativa evidencia la tensión constante entre la transparencia operativa y la necesidad política de proyectar estabilidad.

Desde una perspectiva técnica, la afirmación de que el país tiene «tres días de reserva» encubre una deficiencia estructural alarmante. México carece de almacenamiento comercial y estratégico de gas natural. Esos tres días no corresponden a inventarios físicos resguardados en cavernas salinas, campos depletados o tanques criogénicos de gas natural licuado (GNL); corresponden simplemente al gas que se encuentra en tránsito permanente —el llamado linepack— dentro de la red nacional de gasoductos (Sistrangas).

Si el flujo de gas desde Estados Unidos se detiene por completo, la presión del sistema cae y las tuberías se vacían en menos de 72 horas. Mientras naciones de la OCDE mantienen inventarios estratégicos obligatorios para cubrir entre 30 y 90 días de consumo interno, México carece de esta red de amortiguamiento, dejando su infraestructura expuesta a cualquier shock climático o geopolítico.

Días atrás, Cuitláhuac como uno de los oradores principales en el festejo número 15 de Morena, adoptó una línea de resistencia ideológica y pureza partidista, centrando su discurso en cerrar filas frente a la derecha internacional, cuestionando si se le dejaría el camino libre a un «regreso del neofascismo». Mientras en los foros morenistas se celebra la transformación de las conciencias, en la red de ductos de Cenagas la soberanía energética sigue dependiendo de las decisiones del extranjero: Nulificando el discurso de «Soberanía Energética».

Económicamente, la vulnerabilidad se traduce en una dependencia comercial total, ya que México importa entre el 70% y el 75% del gas natural que consume, proviniendo la inmensa mayoría de las cuencas de Texas (Waha y Permian). Si bien este combustible es el más barato del mundo, la sujeción a un único proveedor es un riesgo que expone nuestra endeble situación.

Porque además, debe decirse que el gas natural es la columna vertebral de la economía mexicana, ya que más del 60% de la energía eléctrica del país se genera en plantas de ciclo combinado impulsadas por este hidrocarburo. Además, sectores claves como el siderúrgico, petroquímico, cementero y automotriz dependen del gas para sus procesos térmicos. Un desabasto prolongado paralizaría de forma inmediata los corredores industriales del Bajío y el Norte del país, fulminando la competitividad y espantando las inversiones atraídas por el ‘nearshoring’.

En el plano político, esta crisis desmantela la narrativa de «soberanía energética» heredada del sexenio anterior y choca con las metas de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Para revertir esta situación, el gobierno federal contempla en su plan energético una meta sumamente ambiciosa: Elevar la producción nacional de gas de 3,800 a 5,000 millones de pies cúbicos diarios hacia el año 2030.

No obstante, alcanzar este objetivo plantea una profunda contradicción ideológica y ambiental. Las mayores reservas no asociadas del país se encuentran en yacimientos no convencionales del norte de Coahuila y la cuenca de Burgos, cuya extracción viable requiere de la fracturación hidráulica (fracking). La reactivación de esta técnica le pega directamente al discurso ecologista y de sustentabilidad del bloque gobernante, abriendo un debate álgido entre la urgencia de seguridad energética y los severos costos ambientales en regiones con alto estrés hídrico.

La crisis latente del gas natural en México no se resuelve con declaraciones de calma a las afueras de los recintos oficiales ni con boletines oficiales. De acuerdo a expertos consultados por ‘Focus Group’, la vulnerabilidad es real, física y medible. Con la temporada invernal en puerta, el riesgo de que tormentas invernales en Texas congelen los ductos y fuercen apagones masivos sigue siendo una amenaza latente, como ya sucedió con aquella histórica ‘Tormenta Uri’ de 2021. Para México, el gas natural ya no es solo un insumo energético barato; es el principal factor de riesgo para nuestra estabilidad económica y soberanía nacional. Realmente estamos a la puerta de lo que podría ser la peor crisis energética en la historia de México.

*Periodista/Tlaxcala