PULSO

Eduardo Meraz

Como no quiere perder el privilegio de ser la única estrella del espectáculo carpero, el presidente totalmente Palacio Nacional manifestó su oposición a la asistencia de la presidenta de la Corte, Norma Piña, en el Senado de la República, donde defendería los fideicomisos del poder judicial. A cambio, prácticamente exigió cuentas por los altos salarios de los ministros.

“Lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar porque ganan 700,000 pesos mensuales. Nada más eso es lo único que tienen que hacer ¿Para qué van a ir a los dimes y diretes al Senado?”.

El mandatario sin nombre y sin palabra también demandó a los integrantes de la Suprema Corte -casi con lágrimas en los ojos- aclaren lo de su desafuero cuando era jefe de gobierno, por qué -según él- no han hecho nada en beneficio del pueblo y sólo se han dedicado a legitimar robos “de la pandilla de rufianes que mal gobernaba México”.

Pedirle cuentas al poder judicial, desde su posición de titular del ejecutivo federal abre la posibilidad de que le hagan la misma exigencia y explique a los mexicanos ¿por qué la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya representarán el triple de lo estimado inicialmente y si tal desproporción en el costo no es sinónimo de una corrupción igualmente desmesurada.

Igualmente, el presidente palaciego debería informar sobre el desfalco de alrededor de 15 mil millones de pesos en Segalmex. El responsable de esa empresa, Ignacio Ovalle, tenía conocimiento pleno del personal contratado por él y no puede decirse engañado, como se pretende justificar.

Es uno de los muchos delincuentes de cuello blanco que abundan en el cuatroteísmo. Los contratos hechos públicos, entregados a parientes, funcionarios y amigos de la familia sólo vienen a confirmar el dicho presidencial de que los grandes negocios los conoce y tienen el visto bueno del mandatario en turno.

Asimismo, el habitante temporal del palacete virreinal debe una explicación a los mexicanos de los motivos políticos o económicos por los cuales no ha actuado en contra de la “pandilla de rufianes” beneficiarios de la obra pública, del huachicol en varias ramas económicas, gracias a los acuerdos entre delincuencia y funcionarios públicos.

Durante su gobierno, el ahorro de los trabajadores ha tenido mermas importantes y ahora, con su propuesta de elevar el impuesto, pretende sea la clase obrera la que pague los platos rotos de la ineficiencia de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Por si fuera poco, debería explicar a los mexicanos, como es que al término de su administración la deuda pública habrá crecido en 6 billones de pesos, monto superior a todos sus programas sociales; recursos que, en vez de contribuir a elevar el nivel de vida de los beneficiarios, es ocupado para pagar los malos y deficientes servicios públicos, una moderna tienda de raya.

Pero eso sí, muy orondo desde la suntuosidad de Palacio se quiere poner exigente con el poder judicial, que ha contenido sus dislates inconstitucionales. Primero, debería rendir cuentas y no esconderlas en el cajón de la “seguridad nacional”.

Los otros datos son mentiras, así como sus pretensiones de reducir el número de muertos y desaparecidos, que podrían llegar a totalizar un cuarto de millón de mexicanos al término de su mandato.

He dicho.

EFECTO DOMINÓ

Los hechos de violencia y ocupación registrados en días recientes en instalaciones de la UNAM son indicio del interés del oficialismo por intervenir en la próxima designación del rector de la máxima casa de estudios.

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@Edumermo