Diputada Ana Karina Rojo propone que el 9 de mayo de cada año sea declarado “Día Nacional del Bienestar”
La diputada federal, Ana Karina Rojo Pimentel, presentó iniciativa, para declarar el 9 de mayo de cada año como “Día Nacional del Bienestar”, con el objetivo de reconocer este trascendental acto histórico de solidaridad, ya que es la fecha cuando se instauró un modelo del Estado de Bienestar en México.
Al respecto, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), destacó que dicha estrategia, implementada por el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), ha podido materializarse de manera progresiva por medio de programas sociales que garantizan el ejercicio pleno de los derechos humanos de los más desfavorecidos.
Insistió en que este modelo, garantiza plenamente los servicios fundamentales para todos, así como la protección, en lo individual y en lo colectivo, de los sectores más vulnerables de nuestra nación, factor característico de un Estado de Bienestar; agregó que este acto reformador representó las aspiraciones de un grupo históricamente olvidado.
La congresista destacó algunos programas, como la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, que garantiza una vejez digna y plena a mujeres y hombres de más de 65 años; la “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, que busca la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas con discapacidad permanente, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo de las y los mexicanos con discapacidad.
De la misma forma, resaltó otros programas como “Sembrando Vida”, que tiene la finalidad de generar empleos, incentivar la autosuficiencia alimentaria, mejorar los ingresos de las y los pobladores y recuperar la cobertura forestal; “Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, que busca desarrollar nuevas condiciones que permitan el acceso a derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad por ausencia de uno o ambos padres.
“Estos programas reconocen demandas sociales y económicas, lo que obliga al Estado a disminuir las desventajas socioeconómicas y con ello, pueden contar con mayores oportunidades de acceder a bienes y servicios elementales para su subsistencia y poder reducir la brecha de desigualdad”, concluyó.
