Buscan garantizar el libre desplazamiento de las personas con discapacidad en sitios con actividades culturales
La diputada María José Sánchez Escobedo, del PRI, promueve una iniciativa para que la Secretaría de Cultura federal diseñe y ejecute políticas y programas que aseguren espacios físicos, exclusivos y de señalización que garanticen el acceso y libre desplazamiento de las personas en situación de discapacidad, en los recintos donde se realicen actividades culturales.
Su propuesta plantea reformar la fracción III del Artículo 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, para dictamen.
En su exposición de motivos, Sánchez Escobedo refiere que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento hombres.
Destaca que las personas en situación de discapacidad han visto reducidas sus posibilidades de ocio, entre otros motivos, por la imposibilidad de acceder físicamente a los espacios culturales y sus servicios.
Subraya que socializar los derechos culturales es reducir la desigualdad de quienes sistemáticamente han sido excluidos del disfrute de actividades que ayudan a su desarrollo personal, por lo que para alcanzar estos objetivos se deberán tener presentes directrices, como accesibilidad e inclusión.
Abunda que en México existe una obstaculización a la integración de personas en situación de discapacidad y un contexto de vulnerabilidad, en relación a los centros culturales construidos, así como los servicios y generalmente no cuentan con una infraestructura completamente adaptada.
Tampoco existe el equipo necesario para la libre accesibilidad, lo que hace una tarea aún más difícil para las personas con discapacidad, de modo que no pueden obtener algún servicio en estos recintos.
En este contexto, señala que resulta fundamental tomar medidas pertinentes para asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios al público o de uso público tengan en todos los aspectos accesibilidad para las personas con discapacidad.
Asimismo, para que las personas con discapacidad tengan acceso a lugares donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales, tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos, y en la medida de lo posible a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.
Explica que la accesibilidad toma un papel fundamental debido a que es un derecho y una condición previa que permite vivir de forma independiente, ser incluido en la sociedad y participar plenamente en igualdad de condiciones y con dignidad en los diferentes espacios de la vida.
Considera necesario reconocer la importancia que tiene para las personas con discapacidad su autonomía, independencia personal y la libertad de tomar sus propias decisiones; sin embargo, apunta, han sido tratadas como objetos de protección, como seres que hay que cuidar, de los que había que hacerse cargo, en lugar de conceptualizarlas como sujetos de derecho y que deben tener desarrollo personal completo.
