Acusan tráfico de influencias en la Secretaría del Bienestar
Redacción
Un empresario de Sonora llevó a cabo negociaciones para obtener respaldo político.
Solicitan una investigación detallada sobre este supuesto tráfico de influencias.
La Secretaría del Bienestar, bajo la dirección de Ariadna Montiel, ratificada recientemente como titular de esta institución, se ve envuelta en una nueva polémica por presunto tráfico de influencias. Rodolfo Gómez, empresario sonorense, ha señalado a Luis Ángel López Canseco, sobrino del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de incumplir un acuerdo para gestionar su nombramiento en la Oficialía Mayor de la dependencia. Esta acusación ha desatado exigencias para que se realice una investigación exhaustiva sobre los presuntos actos de corrupción y redes de influencia en el interior de la institución encargada de los programas sociales más importantes de México.
De acuerdo con la denuncia de Gómez, habría existido un acuerdo para que López Canseco le ayudara a obtener apoyo político y asegurar la posición en la Oficialía Mayor a cambio de pactar contratos gubernamentales y beneficios económicos para terceros. Este presunto esquema no solo habría comprometido la transparencia de la Secretaría del Bienestar, sino que también habría permitido la injerencia en nombramientos clave, lo cual ha generado preocupación entre actores políticos y sociales.
La familia del expresidente López Obrador ha optado por guardar silencio, lo cual ha levantado suspicacias sobre la veracidad de las acusaciones. No obstante, este no sería el primer escándalo que involucra a figuras cercanas al exmandatario en temas de corrupción, lo cual refuerza el clamor social de llevar a cabo una investigación que esclarezca los hechos y determine si hubo mal manejo de influencias.
La Oficialía Mayor desempeña un rol fundamental en la gestión de los recursos públicos de la Secretaría del Bienestar. Cualquier intento de intervención en su liderazgo pone en duda el manejo transparente de millones de pesos destinados a programas sociales.
El caso abre un nuevo frente en la lucha contra la corrupción en México y amenaza con convertirse en uno de los escándalos más significativos para el actual gobierno, mientras se esperan los primeros resultados de las investigaciones.
